Venezuela se enfrenta a una crísis comercial y habitacional
Es cierto que debe existir un Estado regulador, pero también es cierto que él debe impulsar, estimular y apoyar los proyectos de desarrollo habitacional. Proyectos en construcción que en sus tres cuartas partes están en manos del sector privado y el Gobierno sólo entorpece.
El problema radica en la no-mediación por parte del gobierno con los inversores privados. Parece que el proyecto revolucionario se ha inyectado a sí mismo alguna sustancia que altera su sistema nervioso y como resultado estamos presenciando un colapso neurológico.
Si algún adepto al gobierno me refuta esta situación con cuentos al estilo de Hanzel y Gretel puedo decirle que los hechos hablan por sí solo: el déficit habitacional en el país es de dos millones de unidades o dos mil unidades fuertes, como lo quieran llamar, representa una vasta cantidad de familias que no pueden acceder a una vida digna.
Artículo n°82 de la Constitución afirma que: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales(…) El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas”.
En la columna de Freddy Bernal de la semana pasada, el ex-alcalde de Caracas asegura que las medidas de expropiación tienen sentido, léase a continuación: garantizar la suprema felicidad social y afianzar la democracia protagónica y revolucionaria, donde el INDEPABIS, soviets comunales, digo comunas, digo consejos comunales y una Fuerza Armada a diestra exclusiva del Gobierno (FANB) velarán por la culminación de las obras, comentó el Min-Vivienda, Ricardo Molina.
Sin embargo la realidad es ésta, en el sector de la Candelaria rechazan expropiación del Sambil, despojo por decreto de adquisición forzosa, léase forzosa con mayúsculas y negritas. Es decir, los ciudadanos quedan excluidos a la hora de tomar decisiones; el sector privado se amilana; el desempleo se acrecienta y la incertidumbre nos fatiga.
En conclusión, el acceso a servicios básicos y a derechos fundamentales estipulados por la ley se encuentra turbio, oscuro, azorado. Los ciudadanos eligen trabajo, vivienda, servicios; no más trabas.
Adrián Pierral
